El día 20, miles de maestros y profesores marcharon para exigir al Parlamento la sanción de una Ley que fije en 6 puntos del PBI el piso mínimo de inversión educativa, por parte de la Nación y las provincias, meta que debería alcanzarse en los próximos tres años. La iniciativa busca revertir las consecuencias de la transferencia de los servicios educativos, que implicaron que el Estado Nacional dejara de pagar los salarios de los educadores y de sostener las escuelas; y que las provincias que no estaban en condiciones de hacerse cargo de esas responsabilidades achicaran la inversión educativa. (En este sentido, se debe señalar que los presupuestos educativos provinciales utilizan entre el 85 y el 95 por ciento de sus existencias para pagar magras remuneraciones, compuestas en su mayoría por montos en negro que achatan la escala salarial y pulverizan los ingresos de los jubilados).
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